Combatir la delincuencia, pero con la ley en la mano

Debemos exigir al Estado que actúe preventivamente y que lo haga sin contravenir la ley.

José Carlos Zamora Marroquín

La base fundamental de la democracia es un real y verdadero Estado de Derecho, es decir un marco legal dentro del cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y dentro del cual el Estado a través de sus instituciones se encarga de brindar seguridad, acceso a la justicia y al debido proceso, para que todos nos logremos desarrollar integralmente. Estos no son ideales ni deseos, más bien son los deberes del Estado, los cuales se encuentran consagrados en los dos primeros artículos de nuestra Constitución y claramente establecen que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin último la realización del bien común y siendo sus deberes principales el garantizarle a todos sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral.

Para cumplir sus deberes es esencial que el Estado garantice, primordialmente, la seguridad y la justicia ya que son básicos para cumplir el resto de sus obligaciones y la falta de los mismos es la que nos tiene agobiados a todos los guatemaltecos. Pero para garantizar la seguridad y la justicia el Estado y todos los guatemaltecos debemos asegurarnos y exigir que se haga de forma legítima, respetando la vida, los derechos humanos, el debido proceso y por consiguiente el Estado de Derecho.

Durante las últimas dos administraciones ha crecido la delincuencia, el crimen organizado y más recientemente algo aún más grave que son los grupos para-estatales, los cuales se dedican a la limpieza social ajusticiando a través de condenables y a su vez criminales asesinatos a individuos que por más vínculos delincuenciales que tengan tienen el derecho al debido proceso, es decir el derecho inviolable a ser citados, oídos y vencidos en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Es cierto que la delincuencia nos tiene de rodillas y estamos desesperados, pero el Estado no debe tolerar la persecución extrajudicial de los criminales y mucho menos permitir que sus agentes estén involucrados en estos hechos. Nosotros, la sociedad civil, tampoco podemos permitir esto, ya que únicamente aumenta la violencia y nos hace más susceptibles a ser víctimas de la misma, a la vez que socava nuestra inconclusa democracia y nuestro blando Estado de Derecho.

Para combatir la delincuencia y conseguir la seguridad y la justicia debemos exigir al Estado que actué preventivamente capturando a través de fuerzas de seguridad profesionales y respetuosas de la ley a todo tipo de personas que quebranten nuestras leyes y pongan en riesgo la seguridad de nuestra vida y propiedad, ya sean estos delincuentes comunes, crimen organizado o grupos para-estatales.

Durante los últimos meses de su gestión ,la administración de turno debe asegurarse de capturar y procesar legalmente a todos estos individuos y dejar sentadas las bases para que los siguientes gobiernos lleven a cabo reformas profundas en el sistema Judicial. A su vez, los futuros gobernantes deben comprometerse a realizar reformas drásticas que modernicen y fortalezcan nuestro sistema de justicia.