Urge un cambio

Exijamos que aquellos que manejan la cosa pública sean individuos excepcionales.

José Carlos Zamora

Una sociedad democrática necesita la existencia de una pluralidad de sectores y que estos participen en el desarrollo político, económico, social y cultural del país. Esto no significa que todas las partes deben compartir la misma opinión, sino que la diversidad de puntos de vista deben ser tomados en cuenta, escuchados y discutidos a través de un diálogo que permita perseguir el bien común y el interés público.

La pluralidad, el diálogo, el foro abierto para discutir y debatir ideas, planes, políticas y estrategias harán que nuestro pueblo avance. Todos debemos participar e involucrarnos en el desarrollo de nuestro país. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Hoy nos encontramos frente a un sistema corrupto, al que urge combatir.

Partidos políticos que no velan por el bien común, sino por la partidocracia clientelar y rentista. Gobernantes que llegan al poder para beneficiarse a sí mismos y a sus amistades. Candidatos que se lanzan con las mismas pretensiones. Poderes paralelos, unos conformados por círculos de poder que encantan a nuestros gobernantes diciéndoles que son perfectos y que todo lo hacen bien para hacer negocios y obtener ventajas o revanchas políticas; y otros conformados por el crimen organizado que se encarga de saquear y aterrorizar a la sociedad. Por otro lado, empresarios que en lugar de buscar la eficiencia y calidad de sus productos y servicios para competir en un mercado abierto, buscan la protección del Estado. Instituciones financieras fraudulentas y otras que se hacen competencia desleal. Entidades fiscalizadoras incapaces de cumplir sus funciones. Sindicalistas que, aprovechando su imagen de defensores del pueblo, estafan a los más necesitados dejándolos sin tierras y sin un centavo. Y lo peor, una sociedad civil dormida, pasmada, que no reacciona frente a esta realidad y que si mira a corruptos como Espina o Reyes López los saluda y hasta compra en sus establecimientos. En algunas ocasiones por miedo, otras por indiferencia y otras porque aún no ha sido afectada de cerca por la corrupción del sistema, la cual más temprano que tarde le tocará la puerta.

Por supuesto que existen honrosas excepciones, pero hay que reconocer que en nuestro país la excepción no es la norma. Es por esto que urge una transformación que convierta a esas excepciones en la regla. Ya no toleremos este sistema corrupto, promovamos cambios radicales, depuremos el sistema participando, opinando y denunciando.

La capacidad la tenemos y lo que nos falta es voluntad y tenacidad. Es hora de salir de ese hipnotismo letárgico. Es hora de involucrarnos en el acontecer nacional, de participar, de desarrollar, implementar y exigir cambios. Sobran ejemplos de gente capaz en Guatemala para hacer cosas buenas y cambiar el sistema establecido. Hagamos una revolución a través de la participación activa, impulsemos cambios profundos en las políticas de nuestro Estado, en los entes fiscalizadores, en las fuerzas de seguridad, en el sistema judicial para perseguir penalmente a todos aquellos que lo han quebrantado sin importar el sector al que pertenezcan y así instaurar un verdadero y eficaz Estado de Derecho, donde todos estemos sujetos a la ley por igual. Un sistema dentro del cual todos los guatemaltecos logremos salir adelante según nuestros méritos y le demos fin a esa noción de que los guatemaltecos somos como una cubeta de cangrejos. Elijamos y exijamos que aquellos que manejan la cosa pública sean individuos excepcionales o al menos profesionales y honestos. Participemos solidariamente, pongámonos las pilas y saquemos nuestro país a flote antes de tocar fondo.

Cómo evitar la bancarrota

La crisis hace difícil la existencia de instituciones con credibilidad.

José Carlos Zamora

Expertos en materia de banca y finanzas aseguran que el sistema bancario se encuentra mejor que hace unos meses y lo demuestran con hechos reales tales como un sistema bancario que opera normalmente, depósitos regulados de bancos suspendidos que son devueltos, un ritmo de crecimiento económico sin precedentes en la última década, inflación, tasas de interés y tipo de cambio bajo control. No se puede tapar el sol con un dedo y hay que admitir que los acontecimientos que se han venido dando desde la suspensión de las operaciones del Banco del Café, S.A., los insuficientes inventarios de billetes en diciembre, el inverosímil y cínico cierre de la carpa del Banco de Comercio, las perversas campañas negras contra bancos sin ningún problema, entre ellos G&T Continental, SCI y Del Quetzal, en su conjunto son una debacle y tienen consecuencias que van más allá del bienestar del sistema bancario, ya que socavan la credibilidad que los guatemaltecos tenemos en el sistema financiero y fundamentalmente en el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

Todos se preguntan quiénes son los culpables. El público que invirtió sus ahorros en instrumentos financieros riesgosos con un alto rendimiento como resultado de su voracidad; la Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria (JM) que fallaron en investigar la situación de bancos dirigidos por delincuentes de cuello blanco; nuestra Ley de Bancos que evidentemente permite a los bancos arriesgar los ahorros de sus clientes sin obstáculos; la competencia desleal y las roscas o círculos de poder que a través de la siembra irresponsable de rumores y campañas negras busca desestabilizar a la competencia o a sus adversarios políticos; o bien el nerviosismo de todos los que tienen sus ahorros en algún banco del sistema y al escuchar rumores corren a retirarlo para guardar el efectivo bajo la seguridad de sus colchones.

La culpa es de todos, pero los más culpables son aquellos irresponsables que nos llevaron a esta situación debido a la falta de cumplimiento de sus funciones y de aquellos imprudentes que iniciaron campañas negras por diferentes motivos y finalidades siniestras sin medir las consecuencias de sus actos y reconocer que en Guatemala ese tipo de rumores podría hundirnos a todos.

Las consecuencias reales de este desastre las pagan los que perdieron sus ahorros y todos los guatemaltecos que a través de los impuestos financiamos el Fondo de Protección del Ahorro (Fopa) con el cual se le restituirá hasta Q20 mil a cada depositante que haya perdido fondos en las instituciones financieras que han sido suspendidas.

La crisis hace difícil la existencia de instituciones con credibilidad. Esto es grave, ya que las instituciones reales, creíbles, sólidas y fuertes son claves para la existencia de un orden democrático estable y de una economía en expansión. Restituir la credibilidad no será fácil, pero es urgente que el Estado actúe prontamente apoyando en el corto plazo la liquidez de la banca nacional, tomando las acciones indispensables para que jamás vuelva a presentarse falta de billetes en los bancos, fortaleciendo la capacidad de la Superintendencia de Bancos y la JM como entes supervisores; mejorando las deficiencias de la actual Ley de Bancos y de quiebras y persiguiendo penalmente a los responsables de actos financieros fraudulentos y de aquellos irresponsables que hayan dado inicio a las campañas negras que afectaron a bancos, cuentahabientes y a la liquidez del sistema. De no hacer esto no será dentro de mucho que Guatemala tendrá que declararse en bancarrota.

Pureza real de las elecciones

¿Quién financia las campañas y para qué?

José Carlos Zamora

Hasta ahora el financiamiento de los partidos y sus candidatos ha sido secreto, lo que ha dado lugar a que estos sean susceptibles a recibir fondos provenientes de actividades ilícitas o en el mejor de los casos de grupos de interés que esperan recibir algo a cambio de su ayuda financiera. Tema que debería causarle preocupación a todos los guatemaltecos, ya que esta secretividad ha sido explotada por personas inescrupulosas dando lugar a que el quehacer político sea una partidocracia rentista y clientelar en lugar de un medio para alcanzar el bien común y el interés público. Solo haciendo público el financiamiento de las campañas políticas podremos asegurarnos que el candidato elegido vele por el bien común y no por intereses particulares.

La semana pasada el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta regulación permitirá una contienda política más transparente, ya que permitirá al TSE controlar las finanzas de los partidos, de las organizaciones y de los individuos que participan en el proceso político, estableciendo con claridad el origen de sus fuentes de financiamiento y fijando límites a las aportaciones que se hagan para sus campañas.

La aprobación de este reglamento es un gran mérito para el TSE, pero no debe quedarse únicamente en la aprobación del mismo. Para que esta iniciativa sea verdaderamente un éxito el TSE debe asegurarse y comprometerse a hacer totalmente pública y de fácil acceso para la población toda la información financiera que obtenga de los partidos y sus campañas.

Hasta ahora el TSE va bien encaminado pero para poder cumplir con su mandato debe recibir los fondos necesarios para cumplir su misión. Razón por la cual es imperativo que a escasos nueve meses de las elecciones el Congreso le otorgue el presupuesto que le corresponde.

Los partidos políticos por su parte, tanto dentro como fuera del Congreso deben apoyar los esfuerzos del TSE por hacer que este proceso electoral sea más transparente, ya que de esta forma no solo ayudarán al fortalecimiento de nuestro sistema electoral, sino que a la vez tendrán la oportunidad de proteger la integridad de sus candidatos y sus partidos.

El apoyar la transparencia de nuestros procesos electorales y de la actividad política es uno de los mecanismos que tiene a la mano el TSE, el Congreso, los partidos y sus candidatos para combatir el abstencionismo, la apatía del electorado y lograr la participación ciudadana activa tanto en el quehacer político como en su fiscalización y así lograr el establecimiento de una real, verdadera y eficaz democracia.

Guardaespaldas a costillas del fisco

Deben institucionalizar fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos.

José Carlos Zamora

Hasta marzo de 2006 el Ministro de Gobernación, los viceministros de la Cartera, el director de la Policía y el Fiscal General gozaban de seguridad sufragada por los contribuyentes únicamente por el término de un año a partir del momento en el que daban fin a sus funciones como servidores públicos. El año pasado el acuerdo 151-2006 modificó el término anteriormente descrito y estableció que estos funcionarios y sus familiares tendrán el derecho a recibir seguridad patrocinada por los ciudadanos durante los cinco años posteriores al cese de sus funciones, es decir hasta 2012.

El aumento del período durante el cual se brinda seguridad a estos funcionarios representa para el Estado y en consecuencia para todos los que pagamos impuestos un costo de Q3.5 millones al año y un costo total de Q17.8 millones en el término de cinco años. Los guatemaltecos estaríamos de acuerdo de incurrir en este gasto, pero solamente si se logra establecer el desempeño que estos funcionarios tuvieron en el ejercicio de su cargo, es decir, si realizaron eficientemente su trabajo en la lucha contra el crimen organizado, dejando un país más seguro, ordenado y pacífico. De lo contrario el pueblo no tiene ninguna razón por la cual pagar por la seguridad de los ex funcionarios. No tiene por qué estar pagando para que estos sean defendidos del crimen organizado que por cierto nos azota a todos por igual. En los próximos meses es necesario que estas autoridades justifiquen el aporte que los contribuyentes haremos durante los cinco años posteriores al ejercicio de su cargo. Estas autoridades deben velar no solamente por combatir al crimen organizado con acciones de alto impacto e incursiones intermitentes en las áreas más afectadas por este flagelo, sino dejar cimentado un auténtico Estado de Derecho, dejando establecidas instituciones sólidas y permanentes para combatir la inseguridad en la que vive la ciudadanía.

Deben institucionalizar fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos, que estén bien organizadas, equipadas y entrenadas, y las cuales deben ser civiles, profesionales, respetables, técnicas, confiables y apolíticas. Un Ministerio Público con un cuerpo de investigadores profesionales y capacitados para resolver técnica y científicamente cualquier tipo de crimen. Un sistema judicial moderno que permita acceso a la justicia a todos por igual y que sea eficiente y transparente en sus operaciones. Y un sistema penitenciario eficaz cuya finalidad sea la readaptación social del reo.

Únicamente dejando establecidas estas instituciones de manera coordinada y permanente se podrá dotar a nuestro país de seguridad, certeza de justicia y un auténtico Estado de derecho.

De lo contrario lo más justo sería que estos funcionarios no acepten los beneficios que les otorga el acuerdo 151-2006, ya que aceptarlos representaría un hurto a todos los guatemaltecos.