"La pérdida de control de la seguridad ciudadana"

Se debe fomentar la existencia de jueces imparciales, incorruptibles, capaces y honestos.

José Carlos Zamora

El Estado debe garantizar seguridad y justicia tal y como lo establece nuestra Constitución. Si el Estado no cumple estos deberes básicos es imposible que sus habitantes logren sentirse protegidos en cuanto a su persona y sus bienes, y consigan ser libres, sentirse seguros y logren desarrollarse integralmente dentro de un pacífico Estado de derecho donde exista un sistema de justicia que se aplique a todos por igual. Es importante recalcar que para garantizar las necesidades elementales de seguridad y justicia el Estado debe hacerlo de forma legítima, respetando la vida, los derechos humanos y el debido proceso.

Una de las grandes deficiencias de los últimos gobiernos y de la administración de turno ha sido la pérdida de control de la seguridad ciudadana. Esto debido a la falta de fuerzas de seguridad íntegras y profesionales, un débil sistema carcelario y un frágil sistema de justicia y de investigación de los hechos delictivos y lo que es peor aún un evidente sistema para-estatal de limpieza social que en lugar de fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia las debilita y nos somete y expone a todos a más violencia.

La administración de turno tuvo la oportunidad y debió de haberse enfocado en llevar a cabo reformas profundas al sistema de seguridad y justicia, creando y ejecutando políticas públicas bien planeadas para combatir el flagelo del crimen organizado. En cambio se dedicó a hacer esporádicos operativos de alto impacto, que si bien fueron impresionantes no hicieron ningún cambio de fondo. Ahora tal vez ya sea demasiado tarde, pero en los meses que quedan todavía pueden sentar las bases para que a mediano y largo plazo se fortalezcan nuestras instituciones y logremos encaminarnos a un real Estado de derecho –por supuesto que esto también va a requerir de la continuidad de estas políticas por parte de la próxima administración – la que debe darles seguimiento pensando en el bien de nuestro país y no en una miope visión partidista.

Se deben estructurar reformas que modernicen el sistema judicial a través del reclutamiento de los mejores jurisconsultos de nuestro país para ocupar el cargo de jueces. Se debe fomentar la existencia de jueces imparciales, incorruptibles, capaces y honestos. Con este fin se debe depurar el sistema judicial y se deben de aumentar los salarios de todos los funcionarios del mismo. Al mismo tiempo se deben establecer sistemas efectivos de fiscalización judicial, un cuerpo de seguridad para proteger a los jueces y programas de capacitación profesional continua. De la misma forma se deben crear procesos judiciales que sean más expeditos y se debe asegurar acceso al sistema judicial a todos por igual, erradicando así la impunidad y la inmunidad. Por otro lado se debe terminar con la deficiencia en la investigación y persecución del delito que lleva a cabo el Ministerio Público (MP). Los fiscales, por la importancia de su cargo y su función, deben de perder el amparo de las leyes laborales y su permanencia en el cargo debe depender de resultados y su actuar también debe ser continuamente fiscalizado. Estos cuerpos de investigación también deben ser constantemente capacitados y deben contar con la tecnología necesaria para investigar y llevar a juicio todo hecho delictivo. De igual manera se deben iniciar y ejecutar reformas concretas al sistema penitenciario y a nuestras fuerzas de seguridad las cuales deben desarraigarse de cualquier vínculo con el crimen organizado o con grupos de limpieza social.

Urge el desarrollo e implementación de políticas concretas de seguridad y justicia que fortalezcan nuestras instituciones y su poder para aplicar la ley a todos por igual. Políticas públicas que reformen al reo o le apliquen la pena de muerte, pero tal y como la establece nuestra ley y no con la equivocada noción que para combatir al crimen el Estado a su vez debe convertirse en un Estado criminal.

Los recientes actos, además de ser salvajes, vergonzosos e intolerables, demuestran la complicidad o incompetencia del Ministro de Gobernación, del Director General y del Subdirector de Investigación de la Policía Nacional Civil. Si estos sujetos fueran conscientes de lo urgente y lo importante que es para todos los guatemaltecos tener a personas capaces en esos puestos deberían renunciar y entregarse a las autoridades en el primer caso, o renunciar y dedicarse a la pesca en el segundo.

Si la administración de turno no despide a sus funcionarios ineficientes y no sienta las bases para que se lleven a cabo reformas profundas, solo será uno más de los gobiernos que nos dejan de legado un sistema disfuncional y un país cada vez más violento y al borde del caos. ¡Aunque es un poco tarde aún estamos a tiempo para hacer cambios!

Combatir la delincuencia, pero con la ley en la mano

Debemos exigir al Estado que actúe preventivamente y que lo haga sin contravenir la ley.

José Carlos Zamora Marroquín

La base fundamental de la democracia es un real y verdadero Estado de Derecho, es decir un marco legal dentro del cual todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y dentro del cual el Estado a través de sus instituciones se encarga de brindar seguridad, acceso a la justicia y al debido proceso, para que todos nos logremos desarrollar integralmente. Estos no son ideales ni deseos, más bien son los deberes del Estado, los cuales se encuentran consagrados en los dos primeros artículos de nuestra Constitución y claramente establecen que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin último la realización del bien común y siendo sus deberes principales el garantizarle a todos sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral.

Para cumplir sus deberes es esencial que el Estado garantice, primordialmente, la seguridad y la justicia ya que son básicos para cumplir el resto de sus obligaciones y la falta de los mismos es la que nos tiene agobiados a todos los guatemaltecos. Pero para garantizar la seguridad y la justicia el Estado y todos los guatemaltecos debemos asegurarnos y exigir que se haga de forma legítima, respetando la vida, los derechos humanos, el debido proceso y por consiguiente el Estado de Derecho.

Durante las últimas dos administraciones ha crecido la delincuencia, el crimen organizado y más recientemente algo aún más grave que son los grupos para-estatales, los cuales se dedican a la limpieza social ajusticiando a través de condenables y a su vez criminales asesinatos a individuos que por más vínculos delincuenciales que tengan tienen el derecho al debido proceso, es decir el derecho inviolable a ser citados, oídos y vencidos en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Es cierto que la delincuencia nos tiene de rodillas y estamos desesperados, pero el Estado no debe tolerar la persecución extrajudicial de los criminales y mucho menos permitir que sus agentes estén involucrados en estos hechos. Nosotros, la sociedad civil, tampoco podemos permitir esto, ya que únicamente aumenta la violencia y nos hace más susceptibles a ser víctimas de la misma, a la vez que socava nuestra inconclusa democracia y nuestro blando Estado de Derecho.

Para combatir la delincuencia y conseguir la seguridad y la justicia debemos exigir al Estado que actué preventivamente capturando a través de fuerzas de seguridad profesionales y respetuosas de la ley a todo tipo de personas que quebranten nuestras leyes y pongan en riesgo la seguridad de nuestra vida y propiedad, ya sean estos delincuentes comunes, crimen organizado o grupos para-estatales.

Durante los últimos meses de su gestión ,la administración de turno debe asegurarse de capturar y procesar legalmente a todos estos individuos y dejar sentadas las bases para que los siguientes gobiernos lleven a cabo reformas profundas en el sistema Judicial. A su vez, los futuros gobernantes deben comprometerse a realizar reformas drásticas que modernicen y fortalezcan nuestro sistema de justicia.

"Que se renueve o desaparezca"
El Ejército debe renovar su institución aún más. Debe adecuar sus funciones a la Guatemala de hoy.
José Carlos Zamora

No cabe duda de que el Ejército jugó su papel durante el conflicto armado, pero hoy nos encontramos frente a otra realidad. Desde que finalizó el conflicto y quizá desde antes la institución se fue desgastando. Todo debido a que unos pocos oficiales de alto rango quisieron cobrar su botín de guerra. Con este fin crearon poderes paralelos y aparatos clandestinos de “seguridad” con los que formaron vínculos con todo tipo de organizaciones criminales. De la misma manera a través de la asignación presupuestaria del Estado la institución ha incurrido en corrupción, malversación de fondos y tráfico de influencias.

Guatemala no necesita defender sus fronteras ni su territorio. No somos un país al que amenace invasión extranjera. Es por esta razón y por el retraso de la institución que el Ejército debe desaparecer o ser totalmente reestructurado. Es necesario cumplir e implementar el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito en la ciudad de México en septiembre de 1996, con el cual se buscaban reformas constitucionales referentes a la integración, organización y funciones del Ejército. Cambios a su doctrina, a su sistema educativo y al de sus organismos de inteligencia, así como la reducción de su tamaño y presupuesto. Hay que reconocer que se ha reducido su presupuesto y su número de efectivos y que se han cerrado zonas militares en el interior del país, pero eso no es suficiente.

El Ejército debe renovar su institución aún más. Debe adecuar sus funciones a la Guatemala de hoy. Primero debe hacer todo lo posible por arrancar de raíz a todos aquellos que le dan mal nombre a la institución. Segundo, debe de pasar a conformar junto con la Policía Nacional Civil parte de las fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad profesionales que combatan al crimen organizado, respeten las leyes, los derechos humanos y el Estado de derecho. Fuerzas de seguridad a través de las cuales el Estado garantice a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y por consiguiente el desarrollo integral. Por otro lado la institución y sus antiguas zonas militares deberían convertirse en centros de educación técnica que ayuden en el desarrollo de nuestro país. De igual manera el Ejército de Guatemala debe seguir jugando su importante misión en los cuerpos de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Congo y Haití para salvaguardar la seguridad internacional.

Pero lo más importante es que en este proceso de renovación la institución evite a toda costa incurrir en actos de corrupción, tráfico de influencias o actos que aparenten serlo. Como en el reciente caso de los pasajes aéreos sobrevaluados al Congo, caso que es verdaderamente vergonzoso. Tan vergonzoso que hasta la ONU le indicó al Ejército que se haría cargo del traslado de las tropas debido al alto costo que el traslado de las mismas representaba para el Estado de Guatemala. Es difícil entender por qué la ONU puede conseguir boletos aéreos baratos y nuestro Ejército no. Basta con visitar las páginas electrónicas de las líneas aéreas en Internet para darse cuenta de que existen varios vuelos de Guatemala al Congo inclusive a un menor precio del indicado en la investigación de elPeriódico.

¡Basta ya a la corrupción por parte de algunos del alto mando de esta institución! Queremos claridad e integridad en los procesos de licitación. La próxima vez nada les cuesta verificar en Internet si existen ofertas más económicas en el mercado. Todos los guatemaltecos esperamos que cambien sus viejas costumbres y se comprometan con la transparencia por el bien de Guatemala y del nombre de su institución. De no hacerlo esperamos que compren sus boletos en su agencia de viajes favorita y que se vayan todos al Congo, pero con pasaje solo de ida.

Límites a las campañas

El financiamiento debidamente auditado en el proceso electoral.

José Carlos Zamora

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de fijar límites a las donaciones políticas, debe establecer un sistema de reporte público de contribuciones y gastos de campaña mensual, que al ir acercándose el día de las elecciones debe convertirse en quincenal y semanal, por medio del cual los partidos deben declarar de quién han recibido fondos y para qué los han utilizado. En caso de que el TSE no tenga los recursos o el tiempo necesario para montar este sistema para las próximas elecciones, los partidos deberían comprometerse a hacerlo por iniciativa propia a través de los medios de comunicación o cualquier otro medio de su preferencia. Haciéndolo demostrarían que son instituciones serias y honestas comprometidas con la transparencia y con el proceso de madurez de nuestra democracia.
Medidas como estas son las que aumentarán la confianza de todos los guatemaltecos en los comicios.

En el transcurso del presente año electoral es importante reiterarle al Tribunal Supremo Electoral y a los partidos políticos la importancia de la transparencia, fiscalización y límites al financiamiento de candidatos y campañas.

El TSE y el Congreso deben proteger a través de su mandato el derecho constitucional de sufragio procurando que se lleve a cabo un proceso electoral limpio y libre de vicios. Con ese fin deben de establecer las medidas necesarias para prohibir que el financiamiento de las campañas sea utilizado por los partidos, candidatos y grupos de interés (tanto lícitos como ilícitos) para crear compadrazgos que cimienten la existencia de tráfico de influencias que desembocarán en los ya conocidos proteccionismos que únicamente buscan beneficiar a intereses partidarios, personales y particulares en lugar de al debido y necesario interés público.

Con ese objetivo el TSE debe tomar medidas que vayan más allá del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, implementando políticas públicas que controlen y reduzcan el costo de las elecciones; que eliminen la injustificable influencia de terceros en el proceso electoral y en consecuencia en el posterior actuar del Estado; que obliguen a los partidos a hacer totalmente pública toda la información acerca de sus gastos de campaña y de las contribuciones recibidas para la misma, aumentando así la participación de los ciudadanos en todo el proceso electoral y no solo en los comicios y en los partidos políticos.